Relacion del Dcho Empresarial con otras ramas del Dcho

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO

RELACIÓN DEL DERECHO EMPRESARIAL CON LAS OTRAS RAMAS DEL DERECHO

 

1.- Relación del Derecho Empresarial con las otras ramas del Derecho

 

En principio cabria traer a colación lo que escribe Francisco Gómez Valdez, quien expresa que “…la empresa nace de una decisión personalísima de sus miembros de hacer una organización con fines lucrativos. Podría, por tanto, considerarse a la empresa como una unidad básica de producción”. Esta unidad básica de producción se encuentra regulada dentro del Derecho en diversas normas que reunidas se utilizan por las empresas, los empresarios y los trabajadores; agentes productivos que tienen que ver con la regulación jurídica desde el ángulo en el cual se ubiquen, en la empresa, como capitalistas, empresarios, como trabajadores, como proveedores, o como consumidores. No existe, por tanto una sola y única norma a manera de un código para regular las conductas nacidas de las relaciones producto de la actividad empresarial. Esto revela la importancia y necesidad de la relación del Derecho Empresarial con las otras ramas del Derecho.

 

El Derecho Empresarial como disciplina específica del Derecho en general, se relaciona con las otras ramas del Derecho, como la Constitucional, Civil, Penal, Laboral, etc., porque todo el Derecho no es más que un sistema normativo integral y entrelanzante de unas actividades humanas con otras, actividades o conductas reguladas legítimamente por una autoridad llamada Estado; por tanto el Derecho Empresarial no puede explicarse por si misma, es más no se sustenta en si misma, sino en todas las otras ramas del Derecho; empezando por el Derecho Constitucional.

 

Mostrar pues la relación existente entre el Derecho Empresarial y las otras ramas del Derecho cumple una función pedagógica, técnica, perspectivlstica, a manera de lente que ve el fenómeno social dentro de una perspectiva jurídica integral, sistémica y entrelanzante.

 

Para ello podemos observar la relación del Derecho Empresarial con las otras ramas del Derecho desde dos ángulos, el teórico y el normativo.

 

Desde al Angulo normativo tenemos los siguientes:

 

• Constitución

• Código Civil

• Ley General de Sociedades

• Código de Comercio

• Ley de Banca y Seguro N° 26702 de 09/12/1996

• Ley de Títulos Valores N° 16587 (hoy L. No 27287 de 19/06/2000), vigente a partir del 17/10/2000)

• Ley de Autor, D.Leg. No 822 de 23/04/1996,

• Ley de propiedad industrial que es donde se encuentran los derechos de marca y patentes, D. Leg. No 823 de 23/04/1966,

• Ley concursal No 27809 de 05/08/2002,

• Ley del Impuesto a la Renta (D.L. No 774 de 31/12/1993 y TUO—LIR (D.S. No. 054—99—EF publicado el 14/04/1999),

• Ley General de Arbitraje No. 26572 de 05/01/1996),

• Cooperativas (D. Leg. No. 085),

• Las comunidades campesinas y nativas (Arts. 134 y ss. Del C.C.).

• TUO—LP—CL—728 que previó a las empresas de servicios especiales, dentro de ellas las de servicios temporales (Arts. 97 y ss.), las complementarias (Arts. 104 y ss.) y las cooperativas (Art. 46 y ss. Del D.S. 002—97—TR de 21/03/1997), hallándose también contemplado en esta última disposición el autoempleo (Arts. 46 y ss.), disposiciones, las primeras, que han sido modificadas por la L. No. 27626, rotuladas bajo el nombre de Empresas Intermediadoras de la Mano de Obra”

Ley de Registros Públicos (Registro de personas jurídicas: Art. 2040, 9 del C.C.).

 

El Derecho Empresarial se origina normativamente en el Derecho Constitucional, que norma dentro de sus diversos artículos, la libertad de empresa, que proviene necesariamente del derecho a la libertad que tiene el ser humano, entre otros, como veremos con posterioridad.

 

Según Francisco Gómez Valdez, en su libro “La Empresa y el Empleador”, se utilizan diferentes normas: Así encontramos al Derecho Civil, llamado a erigir las asociaciones (Arts. 80 y ss). El Derecho Comercial que se encarga de regular los actos de los comerciantes así como del comercio en general y la Ley General de Sociedades No. 26887 versará sobre los contratos de sociedad con los cuales se hallan regidos las empresas más importantes y estables que se conocen (Sociedad Anónima Cerrada: Arts. 234 y ss., Sociedad Anónima Abierta: Arts. 249 y ss., Sociedad Colectiva: Arts. 265 y ss., Sociedad en Comandita: Arts. 278 y ss., Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: Arts. 283 y ss.. Sociedades Civiles: Arts. 295 y ss.) y que han contribuido hasta ahora a fortalecer el sistema capitalista,…”[1]

 

Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho de Sociedades, que regulan las conductas que pueden constituirse como actividades empresariales, normándolos desde diversas instituciones jurídicas, como la persona, el acto comercial, las sociedades, etc. Esta variedad de normas jurídicas que regulan diversas áreas de la actividad empresarial, demuestran la interconexión e interrelación que siempre existirá entre las normas jurídicas y la conducta humana, mostrando la real dimensión de la regulación jurídica, es decir su carácter entrelazante y sistémico. Fenómeno que se extravía y no se puede advertir, por ejemplo, en las otras ramas del Derecho, como la Penal, Civil, Laboral, etc., porque sus normas (Código Penal, Civil, etc.) dan una idea errónea de totalidad, basadas en los conceptos de ‘especialidad’, que sugieren equívocamente la integración de todas las normas en un cuerpo normativo, ya sea Código, Texto Único Ordenado, etc.

 

Sin embargo, la regulación de la actividad empresarial, está normada también por otras normas específicas, como describe Francisco Gómez Valdez, quien escribe que: “De otro lado, contribuyen a la reglamentación de las empresas disposiciones puntuales como la de la Banca y Seguro No 26702 de 09/12/1996, la Ley de Titulo— Valores No. 16587 (hoy L. No 27287 de 19/06/2000), vigente a partir del 17/10/2000), la Ley de Autor, D.Leg. No 822 de 23/04/1996, la de Propiedad Industrial que es donde se encuentran los derechos de Marca y Patentes, D. Leg. No 823 de 23/04/1966, la Ley Concursal No 27809 de 05/08/2002, la del Impuesto a la Renta (D.L. No 774 de 31/12/1993 y TUO—LIR (D.S. No. 054—99—EF publicado el 14/04/1999), la Ley General de Arbitraje No. 26572 de 05/01/1996), etc. Así pues, la actividad jurídica de la empresa se halla adecuadamente garantizada por una enorme cantidad de disposiciones legales, cada cual perteneciente a una rama específica del Derecho que, en parte, obedece al acentuando intervensionismo estatal y el deseo racional de que estas instituciones por su importancia no sean gobernadas por el libre albedrío de sus miembros o de parte de ellos.”[2]

 

Es decir, un sinnúmero de normas jurídicas que intentan controlar la actividad empresarial, como factores de rentabilidad que sometidos a las estadísticas puedan generar una visión global de la capacidad y flujo económico, asi como proteger la productividad privada, para generar también la cuantificación de las rentas. Es decir, en palabras de Francisco Gómez Valdez, en este tipo de normas se muestra el intervencionismo del Estado.

 

Pero este cúmulo de normas no agotan la regulación de las actividades empresariales, o surgidas de estas actividades, así se tiene otro grupo importante de normas especiales, que son: “...las que rigen a organizaciones tan especiales como las cooperativas (D. Leg. No. 085), las Comunidades Campesinas y Nativas (Arts. 134 y ss. Del C.C.)[3]. Normatividad que tienen un tipo de regulación diferente, por su también diferente naturaleza o constitución, como el tipo y nivel de cultura, que al ser diferentes del orden social general, deben regularse especialmente.

 

Desde otro aspecto más especifico, como el Derecho Laboral, las empresas, o la actividad empresarial está también regulada, descrita esta regulación por Francisco Gómez Valdez, quien diría: “Dentro del ámbito estrictamente laboral ha sido el TUO—LP—CL—728 que previó a las empresas de servicios especiales, dentro de ellas las de servicios temporales (Arts. 97 y ss.), las complementarias (Arts. 104 y ss) y las cooperativas (Art. 46 y ss. Del D.S. 002—97—TR de 21/03/1997), hallándose también contemplado en esta última disposición el autoempleo (Arts. 46 y ss), disposiciones, las primeras, que han sido modificadas por la L. No. 27626, rotuladas bajo el nombre de Empresas Intermediadoras de la Mano de Obra”[4] El Derecho Laboral regula la relación o conducta nacida de la actividad empresarial desde la perspectiva de la desigualdad entre las partes de una empresa, empleadores vs. empleados.

 

2.- Empresas de Jure y de Facto:

 

Pero, al margen de las normas anteriormente reseñadas existen normas que integran a aquellas empresas de Facto, es decir aquellas que no necesariamente está constituidas formalmente, sino que existen como una actividad de hecho, más que de jure. Esto queda también explicado por Francisco Gómez Valdez, quien escribe:

 

“Lo anterior corresponde a las empresas legalmente constituidas, pertenecientes al sector privado, siempre que ostenten una personería jurídica que se gana por estar inscrita en los registros públicos (Registro de personas jurídicas: Art. 2040, 9 del C.C.), que exista un sentimiento de grupo, en fin de un interés distinto del de las personas que le dan nacimiento (1) Sin embargo, no solamente las empresas de jure son las llamadas a tener connotación jurídica dentro de las relaciones jurídicas, sino que también están comprendidas las empresas de Facto, vale decir, que pese a no exhibir la prerrogativa de tener personería jurídica, están, igualmente, consagradas para tener, a pesar de todo, la consideración de ser tratadas también como empresa para los asuntos legales en general y laborales en particular.”[5]

 

Asimismo “... las empresas nativas hasta bastante avanzada la República se han regido por los Códigos de Comercio españoles de 1827 y 1885 (Código de Comercio de 1853 y 1902 respectivamente), pese a las diferencias ideológicas y legales habidas con la metrópoli.”[6]

 

Por otro lado, desde el Derecho Tributario, que significa el sistema de recaudación que organiza y efectiviza el Estado para conservar y mantener su poder y monopolio político, explica Francisco Gómez Valdez, “A nivel Tributario el Estado se ha esforzado por ampliar las fronteras tributarias y se ha encontrado con la informalidad y exoneraciones y demás beneficios tributarios otorgados a determinadas empresas que, curiosamente, son las que más deberían tributar, fenómeno que, por igual afecta al Derecho Previsional y Laboral.”[7]

 

Todas las normas anteriormente reseñadas, nos dan una idea general y panorámica del multiuniverso del Derecho Empresarial, como regulación de las conductas nacidas de la actividad empresarial, que deben ser tomadas en consideración para estructurar un eficiente sistema empresarial.

 



[1] Gómez Valdez, Francisco. La Empresa y el Empleador. Editorial San Marcos. Pp. 174.

 

[2] Ibídem Pp. 175.

[3] Ibídem Pp. 175.

 

[4] Ibídem Pp. 174.

 

[5] Ibídem Pp. 176.

[6] Ibídem Pp. 176.

[7] Ibídem Pp. 176.

 

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